El Senado aprobó en grande la Ley de Acceso a la Información Pública el jueves en La Paz para fortalecer la transparencia y garantizar el acceso a datos de entidades estatales.
La Paz, 03 de julio de 2026. – El pleno de la Cámara de Senadores aprobó en su estación en grande el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, una norma que buscó garantizar el derecho de acceso a la información y fortalecer la transparencia en las instituciones que administran recursos del Estado. El tratamiento del proyecto continuará en la próxima sesión ordinaria, tras el receso parlamentario.
El proyecto estableció que la futura norma se aplicará a entidades e instituciones públicas, empresas públicas, universidades públicas, gobernaciones, alcaldías y otras instancias con participación estatal. Su objetivo consistió en garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información, tanto de manera individual como colectiva, y promover la transparencia en la gestión institucional.
«Todos los ciudadanos bolivianos tienen derecho a acceder a la información pública de manera transparente y sin trabas», afirmó José Roca, senador. El legislador agregó que el acceso a la información constituye un derecho que permite conocer la gestión de los recursos y la administración pública.
Roca explicó que actualmente existen numerosos recursos constitucionales mediante los cuales la ciudadanía solicita que el Estado transparente información pública. Además, señaló que Bolivia, Venezuela y Cuba son los únicos países de la región que aún no cuentan con una legislación específica sobre esta materia.
Durante la sesión, el pleno rechazó una moción de aplazamiento y acordó retomar el análisis en detalle del proyecto después del receso parlamentario, cuando los senadores revisen el contenido de cada uno de sus artículos.
El informe de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral recomendó la aprobación del proyecto e incorporó dos disposiciones adicionales para fortalecer su implementación.
Entre las modificaciones, la comisión propuso la creación de un órgano garante externo, autónomo e independiente, con personalidad jurídica, presupuesto propio y potestad sancionatoria. También incluyó una disposición que ordenó al Órgano Ejecutivo implementar un sistema estandarizado de gestión y archivo documental en las entidades públicas como requisito para la aplicación de la futura ley.
Según un boletín institucional del Senado, el proyecto también incorporó principios como la accesibilidad, gratuidad, presunción de publicidad, transparencia, no discriminación, responsabilidad y facilitación para el acceso a la información pública.
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