La denuncia sobre la venta ilegal de gasolina a Bs 30 por litro en Potosí motivó este 30 de junio el inicio de investigaciones y procesos anunciados por la ANH.
Potosí, 30 de junio de 2026. – La venta ilegal de gasolina a Bs 30 por litro en Potosí motivó el inicio de investigaciones y posibles procesos penales por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en medio de la crisis de provisión de carburantes y las persistentes filas en los surtidores.
La denuncia fue presentada por un grupo de transportistas de la Villa Imperial, que identificó mediante redes sociales la oferta del combustible con un precio superior al establecido oficialmente. Actualmente, la gasolina especial se comercializa a Bs 6,96 por litro y la gasolina Premium a Bs 11,00 por litro en las estaciones de servicio autorizadas.
De acuerdo con las evidencias recolectadas, entre ellas videos, algunos conductores cargaban combustible en los surtidores, abandonaban la fila para vaciar el carburante en bidones y posteriormente retornaban para adquirir un mayor volumen de forma irregular.
El representante regional de la ANH en Potosí, Shanel Aguilar, informó que la institución intensificó el monitoreo a través del sistema Boliviana de Sistemas de Autoidentificación (B-sisa). Como resultado de estos controles, la entidad identificó a 19 motorizados que realizaban cargas repetitivas y procedió al bloqueo de sus autorizaciones, impidiéndoles adquirir más combustible. «Los que están efectuando compras repetitivas de gasolina o diésel serán bloqueados en el sistema (…) pero también está abierta la posibilidad de que se inicie procesos judiciales contra ellos».
La ANH recordó que el artículo 226 bis del Código Penal Boliviano sanciona el almacenamiento y la comercialización de combustible sin autorización estatal. Las penas para quienes incurran en estas actividades oscilan entre tres y seis años de prisión, además de la confiscación de los bienes utilizados en la comisión del delito.
La entidad también precisó que las personas que adquieran gasolina de revendedores no autorizados enfrentan sanciones de dos a cuatro años de cárcel, según la normativa vigente.
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