Lo que comenzó como una medida de protesta por parte de sectores «evistas» del MAS el pasado 22 de enero, instalando los primeros puntos de bloqueo en el trópico de Cochabamba, ha evolucionado en un conflicto prolongado que ha dejado a su paso violencia, tensión y pérdidas económicas estimadas en más de 1.000 millones de dólares.
Los manifestantes han ratificado su determinación de no levantar la protesta hasta que los magistrados prorrogados renuncien y se apruebe la ley de elecciones judiciales. Esta situación ha generado una profunda crisis logística y económica en Cochabamba y el occidente del país, donde la escasez de alimentos y combustible se ha convertido en una realidad preocupante para los ciudadanos.
El diálogo en el Legislativo para abordar estas demandas ha alcanzado consensos en un 90% de los puntos, pero dos temas cruciales siguen obstaculizando un acuerdo final: la prórroga de los magistrados y la forma de votación para aprobar las listas de candidatos a los comicios judiciales.
La protesta, que afectó gravemente la economía nacional con pérdidas estimadas en $128 millones por día, desencadenó enfrentamientos entre la policía y los manifestantes en varias regiones del país, exacerbando aún más la tensión social y política.
Mientras tanto, los ciudadanos afectados por los bloqueos claman por una pronta solución a este conflicto que ha paralizado el país y ha generado un profundo malestar entre la población. La incertidumbre sobre el desenlace de esta situación y la búsqueda de una salida pacífica y consensuada se convierten en las principales preocupaciones en medio de este escenario de crisis.
