La Defensoría del Pueblo reportó 321 arrestados, siete fallecidos y 23 heridos entre el 1 y el 24 de mayo por la conflictividad social.
La Paz, 27 de mayo de 2026. – El Primer Reporte Preliminar sobre la Conflictividad Social en Bolivia de la Defensoría del Pueblo registró 321 personas arrestadas, siete fallecidos y 23 heridos entre el 1 y el 24 de mayo de 2026, en el marco de las movilizaciones y operativos desarrollados en distintas regiones del país.
El informe detalló intervenciones de la Policía Boliviana en enfrentamientos con personas movilizadas en diferentes puntos de La Paz, además de operaciones conjuntas entre la Policía y las Fuerzas Armadas para el desbloqueo de carreteras en La Paz, Cochabamba y Oruro, ejecutadas entre el 16 y el 23 de mayo.
Según los datos verificados por la Defensoría, de las 321 personas arrestadas, 221 recuperaron su libertad y 89 fueron imputadas penalmente. Además, el reporte señaló que 12 personas recibieron detención preventiva, 19 detención domiciliaria, cinco medidas sustitutivas y 10 personas fueron sentenciadas a tres años de privación de libertad mediante procedimiento abreviado.
La institución también reportó 23 personas heridas de diversa gravedad, entre ellas tres policías, dos periodistas, cinco terceros afectados y 12 personas movilizadas. Y registró además siete fallecimientos ocurridos durante el conflicto social, mientras algunos casos continúan bajo investigación del Ministerio Público.
Por su parte, el Gobierno informó previamente sobre cuatro fallecimientos vinculados a la falta de atención médica debido a bloqueos que impidieron el paso de ambulancias, además de la muerte de un joven de 24 años por impacto de bala, caso que permanece en investigación. “La conflictividad deja huellas profundas en la vida cotidiana, en la salud y en la convivencia social. Sus consecuencias siguen presentes y latentes en distintos puntos del país”, afirmó el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya. El titular de la Defensoría agregó que “la vida no puede seguir quedando en medio del conflicto” y exhortó a las partes a promover espacios de encuentro y soluciones pacíficas.
Frente a este escenario, la Defensoría activó un protocolo institucional de intervención con dos líneas de acción: una humanitaria, orientada a la protección de derechos y atención de emergencias; y otra dialógica, enfocada en promover mecanismos de resolución pacífica.
Dentro de las acciones ejecutadas, la institución gestionó el ingreso de 40 toneladas de oxígeno medicinal desde Desaguadero hacia El Alto, además de verificaciones en mercados, hospitales y estaciones de servicio de La Paz y El Alto para supervisar el abastecimiento de medicamentos, alimentos esenciales y combustibles.
La Defensoría también emitió pronunciamientos para resguardar el trabajo periodístico ante las agresiones reportadas durante la cobertura de los conflictos y promovió espacios de diálogo junto a organizaciones de derechos humanos e instituciones religiosas.
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