En tan solo once días, la ola de protestas, marchas, bloqueos y movilizaciones han provocado muertes, desabastecimiento, violencia y una profunda división social.
El departamento de La Paz se ha convertido en el epicentro de estos conflictos sectoriales. Maestros urbanos y rurales, transportistas, indígenas, Ponchos Rojos, trabajadores de la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores mineros han tomado las calles, avenidas y carreteras principales. El propósito aparente es hacer escuchar sus demandas: algunos piden incremento salarial, otros la renuncia del presidente Rodrigo Paz, mientras que las quejas generales apuntan a la escasez de combustible, la situación económica y los decretos lanzados por el Gobierno Central.
Sin embargo, el fin no justifica los medios. La coyuntura actual muestra autos de transeúntes apedreados, periodistas agredidos, policías chicoteados e, incluso, personas que perdieron la vida simplemente porque los bloqueadores impidieron el paso de las ambulancias. A esto se suma el desabastecimiento y la consecuente subida de precios en la carne de pollo y res, debido a que también impiden el ingreso de camiones con alimentos.
La otra parte de la población, aquella que no pertenece a ningún sindicato o sector social y que solo busca continuar con su cotidianidad, es la que termina más afectada. Pese a la validez que puedan tener las exigencias de los sectores movilizados, el ciudadano común debe tolerar largas caminatas forzadas, filas interminables en las estaciones del teleférico, desabastecimiento en los mercados y la suspensión de los días de estudio de sus hijos.
El impacto también golpea con fuerza a la economía y al turismo. Según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), las pérdidas ya oscilan los 500.000 dólares. Mientras que la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó más de 20 puntos de bloqueo en todo el país, lo que mantiene suspendida la salida de buses terminales.
Esto hace que la imagen internacional se deteriore, pues se ha llegado a ver a extranjeros levantando piedras para poder transitar y países como Estados Unidos ya han emitido alertas de seguridad para sus ciudadanos en Bolivia. Esto se ve justificado por el caso de una turista de Belice que falleció al no poder acceder a atención médica oportuna, porque la ambulancia en la que era trasladada, no pudo pasar el bloqueo.
La prensa es otro sector que ha sufrido consecuencias. En los últimos días, un periodista de Radio Fides fue perseguido y amedrentado, mientras que uno de Unitel fue retenido por bloqueadores en Huajchilla. Asimismo, trabajadores de las unidades móviles de RTP sufrieron agresiones físicas con piedras en la cabeza y la destrucción de sus herramientas de trabajo.
Al final del día, se cumplan o no las exigencias políticas, el daño a las ciudades y al aparato productivo no se revertirá de manera inmediata. Las carreteras ya están destruidas, los eventos, como la noche de museos, suspendidos y las familias heridas.
Lo más alarmante es que estos conflictos reflejan un problema aun peor: la persistencia del racismo y el clasismo en nuestra sociedad, evidenciado en los insultos discriminatorios que surgen al calor de la frustración callejera.
Con líderes sectoriales que insisten en radicalizar las medidas de presión y discursos que incitan a la confrontación, no parece que todo esto vaya a cesar, al menos no pronto. Cabe preguntarse si quienes encabezan estas medidas realmente piensan en las consecuencias de sus actos o si tienen consciencia del perjuicio que provocan. Resulta curioso se agreda, violente y castigue de esta manera a la misma población por la que afirman estar luchando «en nombre del pueblo boliviano».
Por: Camila Santa Cruz – GCB
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