Iglesias Evangélicas Unidas presentó una Acción Popular para exigir el levantamiento de bloqueos y declarar Estado de Excepción en el país.
La Paz, 14 de mayo de 2026. – Iglesias Evangélicas Unidas presentó una Acción Popular contra instituciones del Estado y dirigentes de sectores movilizados para solicitar el levantamiento de bloqueos y el restablecimiento de la libre transitabilidad en el país.
El recurso fue presentado inicialmente contra el presidente del Estado, Rodrigo Paz, al considerar que la Constitución le faculta declarar un Estado de Excepción ante una situación de “convulsión interna”. Ante esto, el abogado patrocinante, Ramiro Carrillo, afirmó que el Ejecutivo debe asumir medidas para garantizar el abastecimiento y la circulación en el territorio nacional.
“Tiene que tomar las medidas pertinentes. ¿Cuál es la medida pertinente? Es el Estado de Excepción en todo o buena parte del territorio boliviano, para que vuelva nuevamente el abastecimiento a las ciudades, el que se evite el corte de servicios públicos, la transitabilidad”. Carrillo también denunció agresiones durante los bloqueos y mencionó hechos atribuidos a grupos movilizados.
De acuerdo con la Constitución Política del Estado, el presidente puede declarar Estado de Excepción en casos de peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastre natural.
El jurista cuestionó además la participación de autoridades vinculadas a las protestas, entre ellas el parlamentario Nilton Condori. “Es imposible que un senador de la República pida que el presidente pueda renunciar siendo mucho más autoridad nacional”.
La Acción Popular también fue dirigida contra dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), sectores campesinos y representantes del magisterio, con el objetivo de que suspendan las medidas de presión. Asimismo, la demanda incluyó al Ministerio de Gobierno para que, mediante la Policía Boliviana, proceda al desbloqueo de carreteras y calles.
Carrillo cuestionó la actuación de la Fiscalía General del Estado y afirmó que la institución no inició acciones de oficio frente a hechos de violencia y daños registrados durante las movilizaciones. “No es necesario que exista una denuncia previa para que el fiscal general actúe contra los vándalos que están saqueando o cortando el alumbrado público”.
El abogado informó que la Acción Popular fue presentada este miércoles y precisó que el plazo para la fijación de audiencia es de 48 horas.
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