La proyección de una contracción de -3,2% para Bolivia en 2026 anticipa efectos en empleo, crédito e inversión, según expertos y el Banco Mundial.
La Paz, 10 de abril de 2026. – La proyección de una contracción económica de -3,2% para Bolivia en 2026, estimada por el Banco Mundial, anticipa un escenario de menor empleo, reducción del crédito y caída de la inversión, de acuerdo con análisis de economistas.
El economista Germán Molina explicó que el contexto generará incertidumbre laboral y limitará nuevas contrataciones. “Las personas que están en edad de trabajar tendrán más dificultad para conseguir empleo, porque las empresas no tendrán condiciones para contratar”. Añadió también que las empresas postergarán proyectos de inversión o reducirán su ritmo de expansión ante la contracción. “Muchos analizarán si sus proyectos se llevarán adelante o los retrasarán”.
En la misma línea, el economista Fernando Romero señaló que la reducción de ingresos impactará en el consumo interno. “La gente prioriza alimentos, educación y salud, lo que contrae el mercado y reduce las ventas”, indicó. Asimismo, advirtió que este escenario puede derivar en mayor informalidad, menor inversión y caída del empleo formal, además de una reducción de la inversión pública.
Por su parte, el economista e investigador Carlos Aranda sostuvo que la contracción “es inevitable” y podría extenderse hasta los primeros meses de 2027. “La crisis es inevitable. Va a haber una contracción económica el año 2026”, afirmó.
El economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, William Maloney, explicó que la proyección responde a una transición económica compleja, marcada por problemas en las reservas internacionales y desequilibrios estructurales.
Los expertos coincidieron en que la reducción del gasto público forma parte del ajuste, aunque puede profundizar la caída en el corto plazo. No obstante, señalaron que estas medidas podrían sentar bases para una recuperación si se acompañan de reformas estructurales.
Entre las propuestas planteadas, destacaron la reducción del déficit fiscal, el recorte de gasto improductivo, la revisión de subsidios, la reingeniería de empresas estatales deficitarias y la priorización de inversiones rentables. Asimismo, plantearon la necesidad de un plan de estabilización cambiaria, incentivos a la inversión en hidrocarburos, minería y energía, además de una simplificación tributaria y regulatoria y una estrategia de diversificación productiva con enfoque exportador.
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