La Paz, 24 de abril 2025.- El Ministerio de Medio Ambiente y Agua confirmó que durante el año 2024 se quemaron 12.658.157 hectáreas en Bolivia, una cifra sin precedentes que representa el 11,5% del territorio nacional. Por primera vez desde 2010, más de la mitad de la superficie afectada correspondió a bosques: casi 7,2 millones de hectáreas fueron arrasadas por el fuego.
El desastre coloca al 2024 como el año más destructivo en términos de incendios forestales desde que se tiene registro en el país. La magnitud del área quemada equivale a más de un tercio del departamento de Santa Cruz o casi la totalidad del departamento de La Paz.
La mayor parte de los focos de incendio se concentraron en el departamento de Santa Cruz, particularmente en San Matías, San Ignacio de Velasco, Concepción, Urubichá y Ascensión de Guarayos. Estas cinco regiones fueron las más afectadas y representan el epicentro de la emergencia ambiental.
Expertos en ecología advierten que, aunque algunos bosques pueden regenerarse tras un incendio, este proceso es lento y está condicionado a la ausencia de perturbaciones futuras. El daño ecológico es profundo y de largo plazo: la pérdida de cobertura forestal altera el microclima local, eleva las temperaturas, reduce la humedad y aumenta el riesgo de nuevas igniciones.
Un estudio sobre incendios en la Chiquitanía muestra que el 71% de los focos se iniciaron en los primeros 500 metros desde el borde de los bosques, lo que sugiere una clara influencia de las actividades humanas en la propagación del fuego.
Los incendios de 2024 también estuvieron relacionados con el fenómeno climático de El Niño, que comenzó de forma anticipada en mayo de 2023 y se extendió hasta septiembre del año pasado. Sin embargo, pese a las advertencias, las autoridades no tomaron medidas preventivas suficientes, a pesar de contar con información anticipada sobre su impacto.
Según datos oficiales del Viceministerio de Defensa Civil, cerca de 92.721 familias resultaron afectadas por los incendios, y 47 municipios se declararon en desastre. No obstante, solo 7.419 familias recibieron asistencia estatal. El presupuesto total asignado fue de 5,5 millones de bolivianos, lo que representa un promedio de apenas Bs 750 por familia asistida.
En materia de sanciones, durante todo el año se iniciaron 452 procesos administrativos por quema ilegal, de los cuales solo 325 llegaron a resolución. En el ámbito penal, se abrieron 136 procesos judiciales, pero solo seis concluyeron con una sentencia.
Ante este panorama, un grupo de investigadores nacionales e internacionales propuso una serie de recomendaciones urgentes: derogar normativas que incentiven la expansión agropecuaria, fortalecer instituciones como la ABT y el SERNAP, apoyar la gestión sostenible de bosques y mejorar la capacidad de prevención y control de incendios en todos los niveles del Estado.
“El gobierno boliviano debe reevaluar el modelo actual de expansión agrícola”, advirtieron los expertos, en una advertencia que, hasta ahora, no ha recibido respuesta institucional.
