La Paz, 23 de abril de 2025.- Josué Richard Caricari Quecaña, actual presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), vuelve a ubicarse en el centro del conflicto social por su postura confrontacional con el Gobierno, pero su figura pública ya arrastra antecedentes graves: en 2017 fue enviado a la cárcel por su presunta implicación en el asesinato del exviceministro Rodolfo Illanes.
En las últimas horas, Caricari decidió romper el diálogo con seis ministros de Estado y exigió una reunión directa con el presidente Luis Arce. “Hemos abandonado (la reunión) y vamos a pedir por respeto que nos traigan una invitación formal a las cooperativas para que nosotros nos podamos sentar con el Presidente para concertar nuestra demanda”, declaró desde la sede de Gobierno.
Las protestas lideradas por su sector continúan y se anuncian medidas más radicales. Entre sus demandas figuran el respeto al liderazgo de Fencomin como única representación válida de las cooperativas mineras, la garantía para el suministro de explosivos, la regulación del combustible, el pago en dólares por la venta de minerales, y la destitución de al menos seis autoridades, entre ellas el ministro de Trabajo y la directora de la AJAM.
Este estilo de presión no es nuevo en Caricari. En febrero de 2017 fue enviado a la cárcel de máxima seguridad de San Pedro tras entregarse a las autoridades para declarar por la muerte del exviceministro Illanes, asesinado durante un conflicto minero en Panduro el 25 de agosto de 2016. Según la Fiscalía, Caricari fue uno de los que trasladó al entonces viceministro a una zona apartada donde fue brutalmente golpeado hasta morir. Las pruebas incluyeron videos, declaraciones de testigos y otros elementos que sustentaron una acusación por asesinato, robo agravado, organización criminal y otros delitos.
El mismo hombre que ahora lidera protestas y exige reuniones al más alto nivel, arrastra un historial vinculado a uno de los episodios más violentos de la política boliviana reciente. Mientras se presentan como legítimos representantes del sector minero, las acciones de Caricari refuerzan su perfil como un dirigente confrontacional con un pasado judicial que sigue generando controversia.
