La Paz, 5 de abril de 2025.- Los cuerpos de las cinco personas fallecidas en la explosión registrada en la zona minera de El Cantón, en la localidad de Yani, del municipio paceño de Sorata, serán sometidos a autopsia legal en la Morgue Judicial de la ciudad de La Paz, mientras las autoridades preparan la audiencia cautelar del primer aprehendido por el caso.
Rubén C., quien sufrió una fractura expuesta en la pierna derecha durante el hecho, fue atendido en un hospital y se encuentra bajo custodia policial. La Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) lo señalan como presunto implicado en el ataque, ocurrido la madrugada del jueves, y anticipan que podría ser imputado por homicidio o terrorismo, dependiendo de los resultados de la investigación.
El coronel Gabriel Neme, director departamental de la Felcc, indicó que no se descartan más aprehensiones. Señaló que se está en plena etapa investigativa, recolectando indicios y declaraciones para identificar a los posibles autores, cómplices o encubridores.
El ataque, según testimonios de testigos y dirigentes del sector minero, fue perpetrado con explosivos de alto poder y activación remota, lo que descarta una confrontación directa entre grupos. “Esto no fue un enfrentamiento, fue un ataque terrorista planificado”, aseguró Efraín Silva, presidente de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman).
Silva denunció a la cooperativa Señor de Mayo como responsable del atentado, en el que las víctimas —miembros de la cooperativa Hijos de Ingenio— perdieron la vida cuando se encontraban descansando en su campamento. Afirmó que, como mineros, saben distinguir entre dinamita y un explosivo de esa magnitud, y aseguró que lo sucedido fue causado por una bomba.
Los restos de los cinco fallecidos en Yani llegaron este viernes a la morgue judicial de La Paz, donde se les practicará una autopsia para establecer las causas de las muertes.
Mientras continúa el despliegue policial en la zona para garantizar la seguridad y la recolección de pruebas, las familias de los fallecidos exigen justicia y el cese definitivo de la violencia entre cooperativas mineras del norte paceño.
