En Bolivia, el subsidio a la gasolina es una de las políticas económicas más sensibles y polémicas, que ha estado en el centro del debate tanto político como social durante años. Con el objetivo de mantener los precios de los combustibles bajos para la población, el Estado ha destinado enormes sumas de dinero para cubrir la diferencia entre el costo real del combustible (Bs 11 por litro) y el precio que pagan los consumidores (Bs 3.74), este subsidio ha sido una herramienta clave para preservar la estabilidad social, pero también ha planteado serias dudas sobre su sostenibilidad económica a largo plazo.
La Realidad del Subsidio en Bolivia
Bolivia es uno de los países de América Latina donde la gasolina tiene uno de los precios más bajos, superada únicamente por Venezuela, este hecho se debe en gran parte al fuerte subsidio que el gobierno ha mantenido durante años, una medida que busca proteger a la población de los impactos de las fluctuaciones en los precios internacionales del petróleo, sin embargo, este subsidio no es gratuito: se financia con recursos públicos que podrían destinarse a otras áreas prioritarias, como la salud o la educación.
El costo del subsidio es significativo, Bolivia gasta miles de millones de dólares anuales en mantener los precios de la gasolina y el diésel artificialmente bajos, esta política, aunque popular entre la población, genera un enorme déficit fiscal que pone presión sobre las finanzas públicas, y a medida que la producción local de hidrocarburos ha disminuido, el país se ha visto obligado a importar mayores cantidades de gasolina y diésel a precios internacionales, incrementando el costo de la subvención.
Consecuencias Sociales y Políticas
El intento de reducir o eliminar la subvención a la gasolina ha provocado en el pasado reacciones violentas de la población, en 2010, el gobierno de Evo Morales intentó disminuir el subsidio mediante un decreto que fue rápidamente revertido tras masivas protestas en todo el país, en lo que se conoce como el «gasolinazo», este evento demostró la sensibilidad de la población a los cambios en los precios de los combustibles y la importancia de la subvención como una herramienta de estabilidad social.
Sin embargo, el mantenimiento del subsidio también tiene sus costos sociales, la inversión en subsidios a los combustibles limita la capacidad del gobierno para financiar programas sociales que podrían tener un impacto más directo en la reducción de la pobreza y beneficia desproporcionadamente a los sectores de la población que consumen más combustible, como las clases medias y altas, en lugar de a las poblaciones más vulnerables.
El Futuro del Subsidio
La pregunta de si Bolivia puede continuar sosteniendo el subsidio a la gasolina en su forma actual es cada vez más urgente, con un déficit fiscal creciente y la presión internacional para reducir los subsidios a los combustibles fósiles en el contexto de la crisis climática, el país enfrenta un dilema difícil.
Una opción podría ser la gradual reducción del subsidio, combinada con políticas de compensación para proteger a los sectores más vulnerables de la población ,sin embargo, cualquier intento de reformar esta política deberá tener en cuenta el fuerte riesgo político que conlleva y la necesidad de mantener la paz social en un país con una historia de tensiones y protestas por cuestiones económicas, por ello, la pregunta en el Referéndum que planteó Luis Arce para el mes de diciembre, será fundamental.
Entonces, el subsidio a la gasolina en Bolivia es una espada de doble filo: mientras proporciona alivio económico a la población a corto plazo, representa un desafío cada vez mayor para la sostenibilidad económica del país en el largo plazo, y ese debate seguirá vigente hasta diciembre, donde se consultará a través de un referéndum, si el Estado debe seguir pagando la subvención del combustible.