Luego de la presentación de un amparo constitucional el Ministerio de Gobierno fue restituido al caso Marset a través de la tutela otorgada por un juzgado en la ciudad de La Paz. El caso radica en la ciudad de Santa Cruz, por lo que la fiscalía cruceña será notificada en las próximas horas.
Por su parte señalan que el equipo jurídico del Ministerio de Gobierno está analizando presentar una denuncia formal por un mal procedimiento contra los jueces de este caso, al intentar apartarlos de las investigaciones. Ya que no sería el primer caso en donde las autoridades judiciales buscan favorecer a los investigados que presenta el Ministerio de Gobierno.
“Hemos denunciado que jueces están otorgando detención domiciliaria a ciudadanos extranjeros, que no tiene una residencia en el país (…) lo cual sin duda no solo constituye en un riesgo de fuga sino se constituye contra la vida y la integridad de los ciudadanos que se han animado a denunciar” explicó el viceministro de seguridad ciudadana, Roberto Ríos.
Desde esta cartera de estado denuncian la falta de responsabilidad en algunos operadores de la justicia que en un hecho similar buscaron apartar de las investigaciones, en el caso Nallar, el principal acusado del triple asesinato de dos policías y un voluntario de Gacip, en el municipio de Porongo, Santa Cruz.
A casi un año del inicio de las investigaciones en contra del narcotraficante uruguayo, desde la justicia boliviana tramitan el sello rojo ante la Interpol tras declarar a Marset y cinco de sus colaboradores en rebeldía. Mientras el caso permanece en reserva.
“Se han tenido avances importantes en lo que la desarticulación y la afectación logística económica de esta organización criminal es importante que estas personas que han cometido estos delitos no solo en nuestro país sino en otros países rindan cuentan ante la justicia” expresó el viceministro Ríos.
