El 5 de septiembre de 2010, un escándalo sacudió a la Cooperativa de Vivienda Policial (Covipol) cuando Jairo Sanabria Gonzales, Hugo Lora Caballero, Medardo Flores Mendoza, Jesús Escalera Veizaga, y los civiles Jorge Roca Simón y Fernando Suárez Da Silva fueron denunciados por daño económico a la institución. Las acusaciones se centraron en la compra de varios terrenos en la urbanización Palma Verde por un valor de 2 millones de dólares, una transacción realizada sin convocatoria pública, en violación de los estatutos de la cooperativa y sin contratos formales. Esta adjudicación, iniciada en el año 2000, se concretó en 2003, generando sospechas y malestar entre los socios de Covipol.
En 2010, al surgir las primeras denuncias, Nardi Suxo, ex ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, señaló que Covipol no contaba con la documentación que respaldara los descargos, tras una exhaustiva revisión por parte de su ministerio. A pesar de las amenazas y la persecución contra los investigadores y funcionarios del ministerio anticorrupción, se logró la imputación formal de los cinco implicados. Entre ellos, destacaba el ex general en servicio pasivo Hugo Lora Caballero, quien años después se convertiría en un inesperado empresario inmobiliario y fundador de la empresa «Las Loritas».
Sin embargo, tras tres años de investigación, la fiscalía no consiguió llevar a cabo ni un juicio oral contra los imputados, evidenciando las dificultades y posibles irregularidades en el proceso judicial. En 2018, Covipol contrató una consultoría para realizar un levantamiento topográfico del predio, con el fin de delimitar y amojonar el terreno adquirido con sobreprecio. A pesar de estos esfuerzos, la urbanización Palma Verde sigue sin contar con las viviendas proyectadas y se encuentra amenazada por avasalladores, dejando a los socios de la cooperativa con más preguntas que respuestas sobre el destino de sus inversiones.
Este caso refleja las profundas fallas y la corrupción que pueden afectar a las instituciones destinadas a mejorar la calidad de vida de sus miembros, subrayando la necesidad de mayor transparencia y rendición de cuentas en todas las transacciones y decisiones administrativas.
