El MAS-IPSP se declara estado de emergencia debido a una «claudicación del estado de derecho», según manifestó el abogado Diego Jiménez, calificando de delictivo el acto de la Sala Constitucional para ejercer presión sobre el TSE para supervisar un congreso ilegal previamente rechazado, quien dijo también que presentará un audio que revela la influencia del procurador del Estado en el conflicto.
El abogado Wilfredo Chávez sostuvo que, el TSE se encuentra en un dilema al enfrentarse a un conflicto de intereses, con la firma legal únicamente en manos de Evo Morales., cuestionó la autonomía del TSE ante la rápida emisión de la Sala Constitucional y expuso «la estrategia» gubernamental para «desestabilizar al MAS-IPSP y proscribir a Evo Morales».
Anunciaron acciones legales contra los involucrados, incluyendo denuncias penales y movilización política. A su criterio, la situación se percibe como un atentado contra la democracia y el estado de derecho en Bolivia, exigiendo una respuesta contundente por parte de los afectados.
