Representantes de la Comisión Nacional de Salud indicaron que la medida se aplicará en los servicios de salud de primer, segundo y tercer nivel tanto de la seguridad social, como del sistema público. En ese sentido, solo se atenderán emergencias en hospitales públicos.
A la vez, aseguraron que esperan la convocatoria del gobierno para analizar el proyecto de ley observado hace un año. Indicaron que en el último mes, enviaron tres notas al presidente Luis Arce y dos cartas abiertas. Sin embargo, no recibieron respuesta.
«Las autoridades no dieron curso a las solicitudes que hemos hecho y por eso, se llega a estas medidas de presión», dijo Daniel Casas, representante de Fesirmes La Paz.
Comentaron que no están en contra de todo el proyecto de ley, solo contra la disposición referida a la jubilación obligatoria y la modificación de la pensión solidaria de vejez.
Adelantaron que además del paro, en estos tres días, se movilizarán en las calles con el apoyo de otros sectores, como el Magisterio.
«Hace mucho tiempo, los profesionales en salud venimos reclamando igualdad en el trato y no discriminación. El gobierno no dialoga con la parte profesional. Pedimos una jubilación justa. El anteproyecto de ley 035, en el parágrafo 1 del artículo transitorio, nos está obligando a jubilarnos a los 65 años. Pedimos un trato digno para todos los trabajadores en Bolivia porque hay sectores que se jubilan con el 100% y otros, como el sector salud, con el 30%», afirmó Edgar Villegas, presidente del Colegio Médico de La Paz, en entrevista en El Mañanero.
Asimismo, piden a la población que entienda sus demandas.
En respuesta, el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Franz Apaza Camacho, comentó que los argumentos de los dirigentes del sector salud «son confusos».
«La Ley 065 de pensiones, vigente desde el 2010, establece que en Bolivia la edad de jubilación es a los 58 años, no se está cambiando la edad. Se oponen a un examen médico, establecido en el proyecto de ley 035, y es contradictorio. El escenario de debate y análisis es la Asamblea Legislativa», aseveró en entrevista.
La autoridad aseguró que el proyecto de ley no establece la jubilación forzosa u obligatoria, que es «una interpretación errónea».
«El proyecto establece el incremento en la pensión solidaria de vejez, de hasta 1.000 bolivianos, en función a los años de aporte que hayan realizado los trabajadores durante su vida laboral. El otro beneficio que está en controversia es la disposición adicional única que establece que los trabajadores, a los 65 años, puedan acceder a un examen físico e médico realizado por el Instituto Nacional de Salud Ocupacional para identificar enfermedades de forma oportuna e iniciar los tratamientos. Es una medida preventiva que protege la vida de los trabajadores y no se puede interpretar como jubilación forzosa», explicó.
El viceministro también comentó que 17 mil jubilados están trabajando, y que la jubilación no es impedimento para seguir trabajando, que ambos son derechos reconocidos por la Constitución. También dijo que sí hubo reuniones con el sector.
