Potosí, 14 de julio de 2025.- Un representante del Ayllu Cala Cala declaró que fue golpeado y detenido mientras participaba en una protesta contra una cooperativa minera en el departamento de Potosí.
Jacobo Copa Mamani, autoridad del Ayllu Cala Cala, en la provincia Quijarro del departamento de Potosí, afirmó que personas vinculadas a la cooperativa minera Mollepata lo agredieron físicamente y lo retuvieron durante una acción comunitaria. El grupo indígena había llegado al sector Miriuri el 25 de junio con una notificación legal que respaldaba una medida precautoria para proteger fuentes de agua y el territorio ancestral.
Según el relato, los comunarios fueron atacados con dinamita y piedras. Luego se alejaron aproximadamente un kilómetro para evitar más confrontaciones. Pasaron la noche en ese lugar. Al día siguiente, nuevamente enfrentaron agresiones. Copa y Romel Pérez resultaron con las lesiones más graves.
Copa declaró que trabajadores mineros lo capturaron, lo golpearon y lo subieron maniatado a una camioneta. Luego lo trasladaron a la ciudad de Potosí, donde lo presentaron ante la Policía. Allí lo acusaron de portar sustancias controladas y un arma blanca. Sin embargo, las autoridades descartaron las acusaciones tras revisar su mochila.
Según Copa, los uniformados también lo agredieron. Dijo que no recibió atención médica ni tuvo acceso inmediato a asistencia legal. Posteriormente, lo dejaron en una oficina policial.
Olivia Portillo, autoridad de Justicia del Ayllu Cala Cala, explicó que las operaciones de la cooperativa afectan actividades económicas locales como la agricultura, ganadería y piscicultura. Estas actividades dependen del agua que proviene de la cabecera de valle donde opera la minera. Portillo indicó que la comunidad envió comunicaciones formales al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, al Ministerio de Minería, a la Gobernación de Potosí, a la AJAM, a la Defensoría del Pueblo y a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Llamados a la protección de defensores
La Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIOCAP) solicitó a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo que investiguen el caso y adopten medidas para proteger a defensores como Jacobo Copa.
Mariel Guerra, integrante de la Sociedad Potosina de Ecología, advirtió sobre un patrón de violencia en contra de personas defensoras del territorio en el departamento. Según dijo, existe falta de acción por parte de autoridades ante estos conflictos.
Datos y contexto regional
El Observatorio de Defensores de UNITAS reportó 22 casos de vulneraciones entre enero y abril de 2025. Entre ellas se encuentran criminalización, amenazas y trabas a la organización sindical y al ejercicio de actividades defensoras.
Organismos internacionales, como el Comité DESC de Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han recomendado al Estado boliviano adoptar políticas de protección para personas defensoras del medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas.
El caso de Jacobo Copa sigue bajo monitoreo por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos.