La Paz, 10 de julio de 2025.- A cuatro meses del final del mandato del presidente Luis Arce, la Cámara de Diputados inició el análisis del contrato entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa china CBC. El documento propone la construcción de dos plantas de producción de carbonato de litio, en medio de críticas y procesos judiciales aún sin resolverse.
YLB firmó el contrato con CBC en noviembre de 2024. Este contempla la instalación de dos plantas que producirán 10.000 y 25.000 toneladas anuales de carbonato de litio. La inversión prevista es de 1.030 millones de dólares. El acuerdo se suma a otro firmado en septiembre con la empresa rusa Uranium One Group.
Ambos convenios requieren la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para su implementación. En mayo, un juzgado de Potosí ordenó suspender el tratamiento legislativo como medida cautelar. Sin embargo, el 7 de junio, la diputada Lissa Claros denunció que el tribunal levantó esa medida, reactivando su discusión.
Varios sectores cívicos de Potosí y legisladores de oposición rechazan los contratos. Cuestionan el bajo porcentaje de regalías (3%) que recibiría la región y la ausencia de consulta previa a las comunidades originarias.
También critican la posible falta de transferencia tecnológica, las condiciones financieras y el impacto ambiental asociado al uso de tecnología EDL (Extracción Directa de Litio).
El 3 de julio, el presidente de Diputados, Omar Yujra, incluyó el contrato con CBC en la agenda legislativa. La diputada Claros advirtió que el Tribunal Constitucional Plurinacional aún debe pronunciarse sobre una acción popular relacionada. Señaló que avanzar sin ese fallo podría dar lugar a una acción judicial posterior.
Una política estratégica bajo escrutinio
El Gobierno considera la industrialización del litio una prioridad desde 2008. Sin embargo, el proceso ha sufrido retrasos. La planta piloto de Llipi, en el salar de Uyuni, fue entregada recién en diciembre de 2023, tras más de diez años de ejecución.
Mientras tanto, continúan las movilizaciones y las demandas por mayor transparencia, participación comunitaria y beneficios equitativos para las regiones productoras.
