Beni, 25 de junio de 2025.- A poco más de un año del feminicidio de Mónica Siviora, su asesino, Wilber Miranda (alias Turiro), cumple una condena de 30 años de cárcel en la carceleta pública de Riberalta. Sin embargo, familiares de la víctima denuncian con profunda indignación que el sentenciado continúa ejerciendo como abogado desde un despacho habilitado dentro del penal, donde cobra por servicios legales y firma documentos como profesional en ejercicio.
Mónica fue hallada sin vida el 18 de mayo de 2024 en su domicilio. La autopsia reveló un brutal crimen: tenía costillas rotas, golpes en la cabeza y daños internos. Su familia, que enfrentó un largo proceso judicial, logró una sentencia en enero de 2025 tras meses de lucha. Hoy, denuncian que las autoridades penitenciarias permiten a Miranda mantener privilegios que consideran una burla a la memoria de la víctima.
El caso conmocionó a la población desde el inicio, tanto por la violencia del hecho como por las sospechas de encubrimiento, ya que se presume que familiares del feminicida alteraron la escena antes de la llegada de la Policía. La familia de Mónica exige a las autoridades que se le retire su credencial profesional, se clausure su despacho carcelario y se investigue si existen complicidades dentro del penal.
“Mónica dejó a dos niños huérfanos. No merecía morir así y tampoco merece que su asesino sea tratado con privilegios. La justicia no puede ser parcial ni permisiva con quien cometió uno de los crímenes más atroces”, expresó uno de sus familiares.
