La Paz, 20 de mayo de 2025. La abogada Paola Barriga anunció que presentará una impugnación formal ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) contra la habilitación de Mariana Prado Noya como candidata a la vicepresidencia por la alianza encabezada por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. La causa: Prado habría respaldado a William Kushner, sentenciado a 30 años de cárcel por el feminicidio de Andrea Aramayo.
La exministra de Planificación del Desarrollo durante el gobierno de Evo Morales fue presentada hace pocos días como compañera de fórmula de Rodríguez, desatando una fuerte ola de críticas por parte de colectivos feministas, defensores de derechos humanos y familiares de la víctima.
Según Barriga, quien representó a la familia Aramayo durante el proceso judicial, la participación de Prado como testigo de descargo en favor de Kushner fue un acto de respaldo inadmisible. “Es un insulto que una ministra de Estado se haya presentado al juicio como si fuera una autoridad, con edecán y escolta, buscando influir sobre un tribunal que durante años escuchó las pruebas del feminicidio de Andrea”, señaló la abogada en declaraciones a la prensa.
El hecho que originó el caso ocurrió el 19 de agosto de 2015, en la calle Pedro Salazar de la zona de Sopocachi, cuando Andrea Aramayo fue atropellada por el vehículo de William Kushner. Desde entonces, la defensa del acusado intentó posicionar la narrativa de que se trató de un accidente. No obstante, tras un largo proceso judicial, en 2020 se dictó la sentencia de 30 años por feminicidio, misma que fue ejecutoriada recién en 2023.
Prado, quien fue pareja de Kushner en el pasado, se presentó como testigo en 2018 y declaró que no lo consideraba una persona violenta, afirmando su creencia en su inocencia. Estas declaraciones fueron cuestionadas duramente por la madre de Andrea Aramayo, Helen Álvarez, y por diversos sectores de la sociedad civil que las consideraron como un intento de respaldo institucional desde una posición de poder.
Barriga sostuvo que existen pruebas suficientes para respaldar la impugnación: “No vamos a permitir que una persona que defendió públicamente a un feminicida llegue a ocupar la segunda magistratura del país. Vamos a seguir el conducto regular ante el TSE y exigiremos que se inhabilite su candidatura”, declaró.
El anuncio reabre el debate sobre la responsabilidad ética de los funcionarios públicos y el uso de su investidura para intervenir en casos de violencia de género, particularmente en contextos judiciales que afectan profundamente a las víctimas y sus familias.
