La Paz, 9 de abril de 2025.- Luego de permanecer 10 meses con detención preventiva en el penal de San Pedro, el empresario constructor Harold Alberto Lora Seoane fue beneficiado con detención domiciliaria sin derecho a salidas laborales, según el mandamiento emitido este martes por el juez David Norberto Velasco Chambi, del Juzgado de Sentencia Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer 2ª de la Zona Sur de La Paz.
El traslado del acusado a su domicilio será realizado bajo custodia policial y supervisado por el secretario del juzgado, de acuerdo con la disposición del Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer de esa jurisdicción.
Lora enfrenta un proceso penal por el presunto delito de estafa con agravante de víctimas múltiples. Según la Fiscalía, entre 2021 y 2023, el empresario recibió pagos por departamentos en condominios ubicados en Calacoto y Obrajes que nunca fueron entregados a los compradores.
“La acusación fue sustentada con 34 pruebas documentales y 29 testificales”, detalló el fiscal Romualdo Almonte, quien en marzo solicitó una condena de 10 años de prisión para el acusado.
Las 24 víctimas aseguran haber pagado entre 30.000 y 57.000 dólares por los inmuebles. Todos los contratos fueron protocolizados ante notarios, sin que se concretara la entrega de los bienes ni la devolución del dinero. “El acusado convenció a las víctimas para desprenderse de su patrimonio con promesas incumplidas”, sostuvo el fiscal.
Sobreseimiento en otro proceso
El pasado 5 de marzo, la Fiscalía determinó el sobreseimiento de Lora en un proceso paralelo por presunto enriquecimiento ilícito, al no hallar pruebas suficientes para formalizar una acusación. Esta decisión también benefició a Hugo Lora Caballero y Nicole Andrea Alegría Eiffel.
“Los elementos de prueba colectados no son suficientes para generar una convicción plena de responsabilidad penal”, concluye el documento firmado por la fiscal Ingrid Feraudi.
Lora fue aprehendido en junio de 2024, tras una imputación basada en un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), que observaba transferencias de bienes realizadas por su padre, un exoficial de Policía, además de movimientos económicos irregulares.
Con la conclusión del caso por enriquecimiento ilícito, el empresario continúa como acusado únicamente en el juicio por estafa.
