La Paz, 24 de marzo de 2025.- La directora general de Migración, Katherine Calderón, informó este lunes que 20 extranjeros miembros del estado ficticio de Kailasa fueron expulsados del país.
Según la autoridad, estas personas ingresaron de manera irregular a territorio boliviano y trataron de aprovecharse de los pueblos indígenas.
“Se ha podido efectivizar la salida obligatoria de estas personas pertenecientes a este grupo, y ya no se encuentran en territorio nacional. Esta secta llegó a nuestro país y trató de vulnerar la buena fe de nuestra población indígena. A través de una orden, la Dirección de Migración intervino en este caso en diferentes lugares del país”, explicó Calderón.
De acuerdo con la directora, los primeros operativos se realizaron en Beni, donde se identificó a tres personas dentro de territorio cayubaba.
“Hemos podido intervenir y, como resultado, identificamos a tres hombres pertenecientes a esta organización. Fueron trasladados desde Exaltación hasta la ciudad de Trinidad y luego a Santa Cruz, donde fueron notificados con la expulsión del país”, detalló.
En otro operativo realizado en Santa Cruz, se halló a 17 personas en un domicilio.
“Eran de nacionalidad extranjera y también pertenecían a esta secta denominada Kailasa. Al verificar su condición migratoria y evidenciar que no cumplían con el objeto de su ingreso al país, se procedió a la emisión de la salida obligatoria, ordenando su abandono inmediato”, añadió.
Según Calderón, dichas personas salieron del país durante el fin de semana.
Explicó que, al momento de ser notificadas, los miembros de Kailasa recurrieron a abogados, argumentando que sus derechos estaban siendo vulnerados.
«Hemos defendido la postura de Migración ante el Juzgado Cuarto de Sentencia del departamento de Santa Cruz, que evaluó la situación y determinó que los actos de Migración estuvieron en pleno derecho”, afirmó.
Estos controles del Gobierno se realizan luego de que se conociera que representantes de Kailasa firmaron convenios con los pueblos baure, cayubaba y esse ejja para arrendarles tierras a perpetuidad a cambio de montos económicos.
Tras revelarse el hecho, varios representantes indígenas decidieron anular los convenios, denunciando que fueron engañados.
