Cochabamba, 19 de marzo de 2025.- El viceministro, Enrique Ponce de León condenó el ataque a la caseta de peaje y llamó a respetar las leyes que garantizan el orden jurídico, luego de que un grupo de manifestantes superara en número a los cinco policías y al personal de la Administradora Boliviana de Carreteras que custodiaban el lugar.
El conflicto surge en medio de convocatorias de algunos sectores del transporte a no pagar peajes ni impuestos. El dirigente del Transporte Pesado de Oruro, Jorge Gutiérrez, había anunciado que su sector suspendería el pago de tributos ante la falta de acceso a divisas para adquirir combustibles, una medida propuesta por el Gobierno para mitigar la escasez de carburantes.
Ponce de León advirtió que estos llamados constituyen «instigación pública a no pagar tributos», un delito tipificado en el Código Tributario. Además, recordó que el mantenimiento de la red vial nacional depende del cobro de peajes y que su destrucción perjudica al propio sector transportista.
Mientras la tensión por la falta de diésel y gasolina se intensifica, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos anunció que esta semana se normalizará el suministro de combustible. Sin embargo, el transporte pesado sostiene que el compromiso no se cumplió y se declaró en quiebra, lo que agrava aún más la crisis.
