La Paz, 29 de enero de 2025. –Rosa Graciela Quiroga Sandoval, una mujer de 44 años originaria de la comunidad de Achasuyo, en la provincia de Pacajes, departamento de La Paz, Bolivia, vivió una experiencia que cambiaría su vida para siempre. En 2015, mientras trabajaba como auxiliar en la Comisión de Naciones y Pueblos Indigena Originario Campesino, Culturas e Interculturalidad de la Asamblea Legislativa, Rosa denunció acoso sexual por parte del diputado titular de la comisión.
La historia de Rosa es un ejemplo claro de las fallas del sistema judicial en Bolivia y la vulneración de los derechos humanos. A continuación, se presenta una cronología de los eventos clave en el caso de Rosa.
La denuncia de acoso sexual
Rosa comenzó a trabajar en la comisión el 5 de febrero de 2015. Al día siguiente, el diputado titular de la comisión le pidió que lo acompañara a comprar coca y, en el camino, intentó abrazarla y le dijo que la quería como su mujer. Rosa rechazó sus proposiciones, pero el diputado continuó acosándola de manera constante. Guardiana (Revista Informativa) no puede publicar el nombre del parlamentario de Unidad Demócrata (UD) por el derecho a la presunción de inocencia universalmente reconocido y publica el nombre de Rosa con su permiso en pos de justicia y reparación.
La denuncia formal y la investigación
El 18 de noviembre de 2015, Rosa presentó una denuncia formal contra el diputado por acoso sexual en la vía penal. La investigación se inició oficialmente nueve días después, el 27 de noviembre de 2015. Sin embargo, la investigación fue lenta y no se realizaron las pericias necesarias para esclarecer los hechos.
LOS MOMENTOS DEL ACOSO SEXUAL
Rosa comenzó a trabajar como auxiliar el 5 de febrero de 2015 en la Comisión de Naciones y Pueblos Indigena Originario Campesino, Culturas e Interculturalidad. Su primera tarea era cuidar los ambientes asignados al titular y recibir a la gente que hasta allí llegaba.
Al día siguiente, viernes 6 de febrero, varias personas entraron a la oficina de esa comisión y se llevaron documentos, sellos y equipos. Rosa contó que al ver eso se asustó. Era su primera semana de trabajo. No sabía lo que pasaba y el Presidente de la comisión no se encontraba en La Paz, estaba en Oruro. Entonces lo llamó por teléfono para informarle sobre lo que ocurría y recibir instrucciones sobre qué debía hacer. Pero grande fue su sorpresa cuando él le contestó: “¿Por qué no vienes a Oruro? Te lo voy a pagar todo, quiero estar contigo”. Ella no fue. Él siguió llamándole los siguientes días pidiéndole lo mismo.
En el siguiente audio, Rosa cuenta qué pasó los primeros días en que empezó a trabajar en la comisión cuando entró gente que empezó a vaciar el lugar.
Fuentes parlamentarias explicaron a Guardiana que cuando un senador o diputado quiere mover un objeto de su comisión, debe dar parte a la Oficialía Mayor como señalan las Normas Básicas de la Ley 1178 (Ley de Administración de Control Gubernamentales), porque todos los objetos que allá se encuentran están registrados en un formulario y acta que le hacen firmar al parlamentario. Al irse de la comisión, deberá devolver todo lo que le dieron. Si perdió algo, deberá comprarlo. Caso contrario, podrían iniciarle un proceso administrativo. Sin embargo, Guardiana no pudo verificar si en este caso esto se cumplió.
Rosa también contó que el diputado, en repetidas ocasiones, le ofreció viajes, joyas e incluso el equivalente a cuatro sueldos para que aceptara estar con él. Además, recordó que entre llamadas, comentarios y coqueteos en la oficina, él insistía en que ella siempre lo acompañara.
Este tipo de actuaciones son consideradas acoso sexual. ¿Qué es el acoso sexual según la normativa boliviana? El artículo 312 del Código Penal Boliviano indica:
“1. La persona que valiéndose de una posición jerárquica o poder de cualquier índole hostigue, persiga, exija, apremie, amenace con producirle un daño o perjuicio cualquiera, condicione la obtención de un beneficio u obligue por cualquier medio a otra persona a mantener una relación o realizar actos o tener comportamientos de contenido sexual que de otra forma no serían consentidos, para su beneficio o de una tercera persona, será sancionada con privación de libertad de cuatro (4) a ocho (8) años.
2. Si la exigencia, solicitud o imposición fuera ejercida por un servidor público en el ámbito de la relación jerárquica que ostenta, será destituido de su cargo y la pena será agravada en un tercio”.
Y llegó el jueves 12 de marzo de 2015, día en el diputado le pidió a Rosa que lo acompañara a comprar coca y en el camino intentó abrazarla mientras le decía: “Te quiero a vos, quiero que seas mi mujer, voy a comprar una casa en La Paz. Tú puedes cuidar de esa casa, nada te va faltar. Tú y yo vamos a dirigir la comisión”.
En ese momento, el diputado tenía 57 años y Rosa 34. Aunque ella relató que rechazaba sus proposiciones, éstas eran constantes.
En la acusación formal de la Fiscalía contra el diputado se pueden leer por lo menos cinco momentos de acoso sexual como se puede ver en el siguiente cuadro; aunque la víctima le dijo a Guardiana que fueron al menos ocho momentos.
Cuando el diputado advirtió que ella no aflojaba en su negativa de estar con él, ordenó que la trasladaran a un espacio dentro de su despacho, pero sin proporcionarle material de oficina para trabajar.
Fue entonces que Rosa informó sobre el acoso sexual a quien le había invitado a trabajar en dicha comisión: la diputada suplente del parlamentario. Esta última le sugirió iniciar una demanda e incluso la acompañó a la Comisión de Derechos Humanos. Sin embargo, tiempo después dicha diputada negaría tener conocimiento alguno del acoso sexual.
Rosa detalló que incluso la diputada suplente confrontó al diputado por su comportamiento. Como respuesta, él comenzó a excluir a Rosa de reuniones y actividades laborales.
Seis meses después de iniciar su trabajo en la comisión como apoyo eventual, Rosa fue despedida sin justificación. Sucedió el lunes 10 de agosto de 2015.
El abogado Óscar Barrientos Jiménez explicó que todas las solicitudes de los diputados, incluidas las relacionadas con la contratación de personal, se gestionan a través de la Oficialía Mayor. Tanto diputados como senadores tienen la facultad de solicitar la contratación directa del personal de su elección, sin necesidad de convocatorias ni procesos de preselección.
Además, cada legislador establece el salario de su personal, excepto para quienes cuentan con ítem, de acuerdo con el presupuesto disponible. También determina la cantidad de tareas y puede pedir a sus trabajadores realizar actividades en diferentes horarios. Barrientos también señaló que los legisladores pueden solicitar de manera unilateral el retiro de sus trabajadores, especialmente en casos de contrataciones eventuales.
El jurista aseguró que no existe un mecanismo de protección para los trabajadores eventuales e incluso se conoció de despidos a personas con inamovilidad laboral.
La detención preventiva y la absolución
El 4 de abril de 2017, Rosa fue detenida preventivamente y enviada al Centro de Orientación Femenina de Obrajes de La Paz. Después de casi cinco años de detención preventiva, el Tribunal Cuarto de Sentencia emitió una resolución de absolución el 13 de septiembre de 2023.
Las vulneraciones de los derechos humanos
El caso de Rosa es un ejemplo claro de las vulneraciones de los derechos humanos en el sistema judicial boliviano. Entre las vulneraciones se pueden citar:
- La detención preventiva sin sentencia, que vulneró el derecho al debido proceso.
- La falta de garantías procesales adecuadas, que vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva.
- La deficiencia en la recolección y presentación de pruebas, que vulneró el derecho a la verdad y la justicia.
- La criminalización y persecución de Rosa, que vulneró su derecho a la libertad y la seguridad personal.
La lucha por la justicia
Rosa ha luchado durante años por obtener justicia y reparación por las vulneraciones que sufrió. Su caso es un ejemplo de la importancia de la lucha por los derechos humanos y la justicia en Bolivia.
El caso de Rosa es un ejemplo claro de las fallas del sistema judicial en Bolivia y la vulneración de los derechos humanos. Es importante que se tomen medidas para garantizar la justicia y la reparación para Rosa y para todas las personas que han sufrido vulneraciones similares.
Datos: Guardiana
