Cochabamba, 28 de enero de 2025 . – Seguidores del expresidente Evo Morales informaron que están cavando pozos en el trópico de Cochabamba con el objetivo de impedir el aterrizaje de avionetas y helicópteros que podrían ser utilizados para capturarlo. Esta medida fue confirmada por Franco García, dirigente del ala evista del Movimiento al Socialismo (MAS), quien acusó al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, de planificar una intervención en la zona.
Desde octubre de 2024, cuando se inició un proceso penal contra Morales por trata agravada de personas, sus seguidores han mantenido una vigilia permanente en los alrededores de Lauca Ñ. Grupos de simpatizantes armados con palos y escudos de fierro se han movilizado para reforzar la seguridad del exmandatario, quien permanece en la región pese a una orden de aprehensión emitida por un juez.
«Nuestro compañero Evo está secuestrado por culpa del ministro de Gobierno y la fiscal de Tarija, quienes han inventado pruebas sin justificación», expresó un dirigente en declaraciones a la radio Kawsachun Coca. Los simpatizantes aseguran que mantendrán su vigilia hasta que cesen las acciones judiciales y políticas en su contra.
Situación judicial y medidas cautelares
El 17 de enero, un tribunal declaró en rebeldía a Morales luego de que no se presentara a una audiencia clave relacionada con la acusación por trata agravada de personas. El juez Nelson Rocabado también ordenó el arraigo nacional, la anotación preventiva de sus bienes y la congelación de sus cuentas bancarias, rechazando el argumento de la defensa de que Morales no asistió por problemas de salud.
Tensión entre Morales y el Gobierno
La orden de captura contra Morales, emitida en octubre de 2024 y reafirmada recientemente, agrava la tensión entre el expresidente y su sucesor, Luis Arce. Ambos líderes del MAS mantienen una relación deteriorada desde 2021, marcada por acusaciones mutuas y divisiones dentro del partido.
El ministro de Gobierno aseguró que se está organizando un operativo “milimétrico” para cumplir con la orden judicial, mientras Morales sostiene que las acciones en su contra forman parte de un “Plan Negro” ideado por el Gobierno para desprestigiarlo.
La situación genera un creciente enfrentamiento político en Bolivia, mientras el caso avanza en los tribunales y las medidas de presión en defensa del expresidente persisten.
