La Paz, 10 de diciembre de 2024.– La profundización del modelo extractivista reflejada en la ampliación de la frontera agrícola y agropecuaria, la penetración de la minería del oro de la mano del mercurio y la destrucción de millones de hectáreas de bosques primarios con incendios forestales, marcan el preámbulo del Examen Periódico Universal (EPU) que el Estado boliviano dará ante Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos el 21 de enero de 2025.
En ocasión del Día Mundial de Los Derechos Humanos, Óscar Campanini, director ejecutivo del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) e investigador realiza diferentes análisis y reflexiones para avanzar como país, como parte activa de la elaboración de informes alternativos de la sociedad civil, que fueron entregados en Ginebra, en el marco de las pre-sesiones del cuarto periodo del EPU.
Autor del libro: “El negocio del mercurio” Campanini destaca que desde hace aproximadamente tres años, la exportación del oro se ha convertido en la principal actividad económica en términos de valor y ha desplazado al gas que tuvo protagonismo durante 15 años. “Solo para una pauta, el 2022 se ha exportado más de 3.000 millones de dólares por oro”, explica.
En esa línea afirma que uno de los principales impactos de la minería está vinculado a la contaminación por mercurio, que es uno de los principales insumos para poder extraer y amalgamar el oro. “Desde el 2015 Bolivia se ha convertido en el principal país importador legal del mercurio del mundo”, señala.
Menciona que desde el 2015 las exportaciones de mercurio se dispararon, llegando hasta el año pasado a 260 toneladas de la sustancia tóxica que han sido importadas legalmente, con autorización del Estado y sin mayor control ni restricción.
“Esto es un gran problema porque Bolivia no consume esa gran cantidad de mercurio. A pesar que se han incrementado las exportaciones de oro, la cantidad de mercurio estimada por la minería del oro en toda Bolivia ronda por las 60 y 90 toneladas de oro por año, siendo optimistas”, afirma.
En esa línea advierte que hay un gran excedente de mercurio que es exportado de manera ilegal, es decir de contrabando, a los otros países de la región y todo esto tiene que ver con un contexto en el que los países vecinos han logrado reducir o anular sus importaciones de mercurio, convirtiendo a Bolivia en el centro de importación legal y de exportación ilegal hacia todo el continente.
“¿Y por qué esto tiene que ver con Derechos Humanos? porque toda esta cantidad de mercurio no tiene una gestión ambiental adecuada y por tanto es liberado al medioambiente con severas consecuencias en la salud de la población que vive en las riberas de los ríos, en las grandes ciudades del país, sin que estas poblaciones intervengan directamente en la actividad minera”, advierte el investigador.
Campanini está convencido de los impactos del mercurio en la salud, no solo por la abundante evidencia sobre las secuelas de la sustancia tóxica que derivaron en el Convenio de Minamata, sino también por propia información del Estado boliviano que cubren más de una década.
Desde el CEDIB se impulsó un estudio del impacto del mercurio en comunidades indígenas de la Amazonía, que fue ejecutado el 2021 en coordinación con el Instituto de Toxicología de Cartagena, Colombia y la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap). Se evidenció que el promedio de contaminación está muy por encima del límite permitido de una parte por millón (1ppm).
Consultado si se logró llamar la atención de los otros Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de NNUU para lograr recomendaciones más contundentes hacia el Estado boliviano, responde: “Confiamos en que así sea porque los grandes volúmenes de mercurio no solo atingen a Bolivia, sino a todo el continente por este rol negativo, que erosiona los esfuerzos de varios países para controlar este tóxico”.
Fuente: ANA
