Bolivia, 10 de diciembre de 2024.- Entre los actores identificados se encuentran los que podrían ser llamados “barones del diésel”, quienes controlan el desvío de combustible de más de una decena de surtidores, así como los revendedores y los mineros que alquilan sus hojas de ruta. La investigación reveló que dos familias son dueñas de entre 9 y 12 estaciones de servicio y están implicadas en la comercialización ilegal del diésel, principalmente desviado hacia la minería aurífera.
La ANH dice que se está investigando a ambas familias por el desvío de este combustible, pero no dan mayores detalles. Esta es la segunda de tres entregas de una investigación periodística realizada por La Brava y Mongabay Latam, en colaboración Red de Investigaciones del Bosque Tropical del Pulitzer Center, que revela cómo algunas personas se benefician del desvío del diésel subvencionado, que luego llega a la minería legal e ilegal en la Amazonía boliviana.
Al caminar por las calles de Guanay se escucha de todo un poco: la cumbia desde los negocios, las bocinas de los mototaxis, los motores de camiones y camionetas rugiendo, y los gritos de los conductores que ofrecen viajes a variados destinos. Cerca de los ríos, el zumbido de las máquinas que extraen oro reemplaza el eco del monte. Ese bullicio incesante contrasta con el silencio incómodo cuando se pregunta a los habitantes sobre el funcionamiento del negocio ilegal de la venta de diésel para la minería aurífera en la Amazonía paceña.
“Es un tema delicado”, se atreven a decir algunos, después de una larga pausa y en voz baja.
Ese sigilo al hablar del mercado negro de diésel, presuntamente manejado por los dueños de las estaciones de servicio de al menos 17 municipios de La Paz y del Beni, no se debe a la ignorancia, sino a los grandes intereses en juego. El temor a represalias es evidente: no solo temen quedarse sin acceso al diésel, tanto del que venden los surtidores como del que ofrecen los revendedores, sino que también sienten que su integridad y hasta su vida podrían correr peligro.
Ese miedo se hizo evidente en las tres ocasiones en las que el equipo periodístico de La Brava y Mongabay Latam ingresó a Guanay, y fue igualmente notorio en Mayaya, el distrito del municipio vecino de Teoponte con mayor actividad minera aurífera.
Además del temor, muchos de los entrevistados expresan su molestia. El sobreprecio (que en ocasiones triplica el valor oficial) y la escasez de diésel no solo afectan a los mineros, sino a la población que lo necesita para vehículos pesados, generadores de luz y maquinaria agrícola, por nombrar algunos usos.
Desde la entrada a Guanay se ven bidones, señal que indica dónde se vende combustible. Foto: La Brava.
Para los entrevistados, la escasez de diésel –que desde julio se ha intensificado– no solo se debe a la falta de dólares en el país, lo que afecta la importación. Señalan que también el mercado negro de este combustible desvía parte del suministro hacia la minería aurífera, especialmente en temporada alta, y que hay sectores que se benefician de esta actividad.
Entre los actores identificados están los que podrían ser llamados “barones del diésel” –quienes manejarían el desvío de más de una decena de surtidores–, los revendedores y los mineros que se comenta alquilan sus hojas de ruta, que son los documentos que entrega Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para la venta de combustible, donde aparece el tipo de combustible, la cantidad y el destino final.
En las entrevistas con personas del sector transporte, minero, conductores de cisternas y vecinos que pidieron reserva de su identidad surgieron repetidamente dos nombres señalados como responsables del desvío sistemático de diésel hacia Guanay y hacia otros municipios de la región minera: Iván Limachi Carvajal y José Luis Iriarte, dueños de dos de las tres estaciones de servicio que hay en ese municipio.
Junto con sus familiares, Limachi e Iriarte concentran la propiedad y manejo de estaciones de servicio en La Paz y en el Beni, de acuerdo con una revisión y verificación de la lista pública de las estaciones de servicio habilitada en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Gaceta Electrónica del Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec). De 130 surtidores en esos departamentos, siete pertenecen a Limachi y su círculo familiar, mientras que 13 están en manos de las familias Iriarte Mercado e Iriarte Cussi.
De esas 130 estaciones, en la revisión efectuada entre julio y agosto de 2024, 70 no contaban con ningún tipo de documento publicado en el Seprec. Además, 14 de ellas no tenían su matrícula de comercio actualizada, requisito fundamental para el funcionamiento legal y el acceso a su información.
“Ambos tienen sus contactos”, dice una fuente en reserva, pero Limachi principalmente vende a los mineros de Teoponte, e Iriarte, a [los de] Mapiri. Los dos también comercializan en las minas de Guanay, según los entrevistados.
En abril de 2023, la ANH informó que existen clanes familiares que se dedican a desviar el combustible para revenderlo a mayor coste que el fijado.
Consultado por este equipo periodístico, el director distrital de la ANH La Paz, Iván Colque, en una rápida entrevista explicó que esa entidad estaría investigando a Limachi e Iriarte.
“Esta situación está ya en conocimiento de la Dirección Jurídica de la (ANH) Nacional –dijo Colque– y por un principio de no entorpecer las investigaciones, ellos van a dar la versión correspondiente en su momento”, afirmó.
Colque dijo que los controles permitieron dar “golpes fuertes con cisternas incautadas” y que los investigados estarían usando “palos blancos”, es decir, personas o entidades que actúan como testaferros para desviar diésel.
