La Paz, 4 de diciembre de 2024.- El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) ha respaldado las recientes acciones del Ministerio de Gobierno para combatir los avasallamientos a tierras productivas en el departamento de Santa Cruz, un problema que afecta gravemente la producción agropecuaria del país. Santa Cruz es responsable del 77% de los alimentos que se consumen en Bolivia y del 88% de las agroexportaciones, por lo que la invasión de tierras en producción pone en riesgo tanto la seguridad alimentaria como la estabilidad económica de la región y del país en general. En este contexto, el IBCE destaca el trabajo del Ministerio de Gobierno al liberar tierras como la propiedad Santa Rita, en la provincia Guarayos, y al respaldar a los productores que enfrentan la violencia de los avasalladores.
Según el Gerente General del IBCE, Gary Rodríguez, los avasalladores no están interesados en trabajar la tierra de forma honesta, sino en tomar violentamente tierras productivas para revenderlas o extorsionar a los agricultores. Rodríguez subraya que la inseguridad jurídica que estos actos generan amenaza directamente la inversión y el crecimiento económico de Bolivia, especialmente en el sector agroindustrial. Además, lamenta que, pese a los esfuerzos del Gobierno, los avasalladores continúan su accionar delictivo, incluso atacando a la policía y destruyendo propiedad privada.
El reciente sondeo de opinión realizado por el IBCE reflejó el rechazo de la ciudadanía a los avasallamientos, con un 99% de los encuestados pidiendo acciones más decididas contra estos delitos. El Ministerio de Gobierno, bajo la dirección del Ministro Eduardo Del Castillo, ha demostrado una firme determinación en la lucha contra estos grupos ilegales, al punto de llevar a cabo operativos con más de 250 efectivos para recuperar tierras invadidas y restaurar el orden en zonas como Santa Rita.
El IBCE y otras entidades como la Cámara Nacional de Industrias (CNI) han expresado su respaldo a estas acciones, considerando que la defensa de la propiedad privada y la soberanía alimentaria debe ser una prioridad para el país. En este sentido, ambos organismos insisten en que las políticas gubernamentales deben ir más allá de la represión y avanzar hacia una solución integral que asegure la estabilidad del sector agroindustrial y proteja las inversiones en el país.
